La Eurocámara contra el ladrillo feroz

Por Ignacio Escolar, director de Público

“Cuanto más cerca está el poder del objeto de decisión, más corruptelas”, decía hace unos días Antonio Orejudo a cuenta de los chanchullos medioambientales de la Junta de Andalucía en el Cabo de Gata. No creo ni mucho menos que la norma sea aplicable en todos los casos, pero sin duda en algunos la regla Orejudo funciona. Han tenido que ser los políticos más lejanos, los del Parlamento Europeo, los que denuncien por tercera vez los horrores del urbanismo salvaje en España.

El contundente informe aprobado ayer por la Eurocámara describe un escenario de corrupción generalizada y señala a “todas las administraciones, central, autonómicas y locales” como “responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible” de gravísimas consecuencias. Incluso duda de la capacidad de los tribunales españoles para poner freno a una situación que sólo se ha frenado con la crisis, pero cuyas consecuencias, como cicatrices de ladrillo sobre nuestra costa, siguen ahí.

El Parlamento Europeo arrancó este informe como consecuencia de las denuncias de decenas de ciudadanos europeos afectados por los efectos indeseables del ladrillazo. Entre ellos, muchos británicos y alemanes que compraron una spanish villa para después descubrir que estaba levantada en un terreno rústico. También cuestiona la legalidad de la perversa figura del “agente urbanizador“, ese invento valenciano que permite urbanizar a empresas privadas con contactos políticos incluso si los propietarios del terreno no lo desean.

En los años dorados del ladrillo, los agentes urbanizadores se convirtieron en la quintaesencia del pelotazo, pues ya ni siquiera era necesario tener suelo para especular con las urbanizaciones: bastaba con dinero, buenos abogados y contactos políticos para presentar un plan urbanístico sobre una zona y a continuación expropiar a los dueños del terreno, obligados por ley a vender por cuatro duros. Entre los textos más esclarecedores sobre cómo funciona este mecanismo en Valencia, os recomiendo especialmente la lectura deesta denuncia que presentó hace años en Europa el abogado José Crespo, una de las víctimas de estos abusos.

El informe aprobado por la Eurocámara “insta al Gobierno español a realizar un debate público (…) que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible” e incluso pide a la Comisión queretire los fondos de ayuda europeos a España hasta que no tome medidas al respecto. No se hagan ilusiones, nada va a cambiar tampoco esta vez. La respuesta de los eurodiputados del PSOE y PP ha sido mirar hacia otro lado. Unos han votado que no, otros se han abstenido. Todos seguirán como si tal cosa.

 

 

 

 

 

(Todas las imagen son de El Roto, es gran dibujante que aparece en El País.)

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